WASHINGTON – Aunque el director ejecutivo quizá no esté en su puesto hasta enero, la nueva autoridad fiscal que el gobierno federal colocó por encima del gobernador y los legisladores de Puerto Rico ha comenzado a contratar asesores.
José Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, indicó ayer que ya tienen bajo contrato a la empresa de relaciones públicas “Forculus Strategic Communications”, que encabeza el abogado Francisco Cimadevilla, quien fue secretario auxiliar de Estado para Asuntos del Caribe y subsecretario de Desarrollo Económico bajo el gobierno de Pedro Rosselló.
Mientras, según fuentes, ya tienen identificados funcionarios federales y puertorriqueños que pueden ocupar puestos claves en la oficina. La mira ha estado centrada en funcionarios del Tesoro y el Congreso que han seguido de cerca los trabajos referentes a la crisis fiscal de Puerto Rico.
En la solicitud de propuestas para contratar a una empresa de consultoría estratégica, que le ayude a delinear un plan de trabajo para los próximos cuatro meses, la nueva autoridad fiscal indicó que identifican “recursos claves, incluidos consultores y personal disponible a través de acuerdos interagenciales, para cumplir con sus necesidades inmediatas”.
Mientras forman su estructura, los siete miembros con derecho al voto en la Junta federal -designados por el presidente de EE.UU.-, han contado con la asesoría de funcionarios del Departamento del Tesoro.
Los gastos de la junta federal son pagados por él gobierno de Puerto Rico.
Según la convocatoria de la Junta, la empresa de consultoría estratégica deberá ayudar a desarrollar los planes fiscales y presupuestos que requiere la ley PROMESA, colaborar con los asesores legales en cualquier litigación judicial y proveer la estructura para “evaluar proyectos críticos”.
La Junta federal quiere, además, que la compañía de consultoría estratégica precise cómo obtener “victorias rápidas” para Puerto Rico, que sienten la base para el crecimiento económico y mejore los servicios del gobierno en las áreas de tecnología, bienestar social, salud y educación.
También solicita una estructura y procedimientos para atender “las negociaciones sobre reestructuración de deuda”, revisar la organización del gobierno de Puerto Rico y los sistemas de pensiones públicas.
La Junta busca que la empresa consultora provea recomendaciones sobre las mejores prácticas para “promover transparencia y participación del público”, incluidos formatos de audiencias públicas, el uso de las redes sociales y su página de internet.
Las empresas que interesen el contrato de consultoría estratégica deben someter sus propuestas a más tardar las 5:00 p.m. del jueves. El contrato tendrá una duración de 180 días, pero puede ser extendido tres veces por períodos de 30 días.
La otra solicitud de propuestas hecha el jueves por la Junta federal persigue contratar una empresa que les sirva de consultor legal. El bufete debe tener experiencia en finanzas municipales, desarrollo económico, quiebras, litigios, asuntos gubernamentales, negociaciones contractuales, ética y leyes de Puerto Rico.
La autoridad fiscal advirtió que los candidatos deben precisar sus conexiones pasadas o presentes con Puerto Rico y su crisis financiera, incluidos acreedores. Para la consultoría legal, el plazo para presentar propuestas vence también el jueves.
Fuente: El Nuevo Día
