Por un lado, los candidatos a la gobernación David Bernier Rivera y Ricardo Rosselló Nevares concentran sus propuestas económicas en dádivas que dependen principalmente del humor de los políticos en la capital estadunidense.
Por otro lado, los candidatos de los partidos más pequeños, María de Lourdes Santiago y Rafael Bernabe, cifran el futuro económico de Puerto Rico en un aumento en las contribuciones a las empresas foráneas, propuesta que pone en duda la capacidad competitiva de la manufactura de Puerto Rico.
Finalmente, los candidatos independientes, Manuel Cidre y Alexandra Lúgaro, apuestan una serie de iniciativas de apoyo a los empresarios locales y a un reordenamiento fiscal que, aunque pudieran ofrecer buenos resultados a largo plazo, no necesariamente atienden la urgencia que plantean los problemas económicos del País.
“Y eso es sin contar el poder de la Junta (de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas de Puerto Rico). En toda esta discusión ese es un factor que puede ser limitante para el que salga electo y deja un marco grande de incertidumbre. En la campaña lo que importa son los votos y eso lo están haciendo cuando dicen cosas bonitas pero que no son propuestas concretas y viables”, dijo el economista José Alameda.
“Aquí hay que enfocar el asunto en que todas las partes tienen que ceder algo. Los bonistas tendrán que ceder, el gobierno tendrá que ceder, la gente tendrá que ceder y los trabajadores también”, dijo, por su parte, el economista y experto en finanzas Antonio Fernós Sagebién.
Precisamente, los desarrollos fiscales y económicos durante los próximos años dependerán del Grupo de Trabajo creado en el Congreso de EE.UU, para proponer iniciativas que ayuden al desarrollo económico de Puerto Rico, y de las decisiones que tomen los miembros de la Junta, que hace poco más de una semana recibieron de parte del gobernador Alejandro García Padilla un plan fiscal que cubre un periodo de cinco año.
Por eso, gran parte del debate de los candidatos, que expusieron sus plataformas ante la Mesa Editorial de El Nuevo Día, se ha concentrado en la actitud que tomarían ante la Junta de Supervisión Fiscal de alcanzar la gobernación y en el progreso económico que prometen sus propuestas.
Ayuda federal
La principal propuesta de desarrollo económico de Rosselló Nevares consiste en conseguir que el gobierno federal, en un acto de desprendimiento, haga más compras a empresas en Puerto Rico. Con que los federales hagan el 1% de sus compras en la Isla se añadirían $5,000 millones a la economía local, según alegó.
Bernier Rivera por su parte abrazó la propuesta del sector industrial del país de crear la sección 245a en el Código de Rentas Internas de EE.UU. Esta iniciativa, que ha sido comparada con la antigua sección 936, propone nuevos incentivos para las empresas foráneas que operen o se establezcan en la Isla. La iniciativa ha sido criticada porque proveería una competitividad artificial a la manufactura en Puerto Rico, que, de ser aprobada, muy bien podría desvanecerse con una acción congresional.
Tanto Bernier Rivera como Rosselló Nevares, abogan por la paridad de Puerto Rico en los fondos Medicare y Medicaid y por la extensión del decreto del Servicio de Rentas Internas estadounidense que permite que las multinacionales deduzcan de sus planillas de contribución sobre ingresos el pago del arbitrio de 4% que les impone la Ley 154.
Todas estas iniciativas, sin embargo, podrían interpretarse como “salvavidas” que lanzan los Estados Unidos a Puerto Rico. Propuestas como estas han contado con la oposición principalmente de congresistas del Partido Republicano, colectividad que controla en la actualidad la Cámara de Representantes y el Senado federal.
Impuesto a las foráneas
Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), cifra la estabilidad fiscal y el desarrollo económico de Puerto Rico en dos áreas: la eliminación de las lagunas en el Código de Rentas Internas local y un aumento en el arbitrio que pagan las empresas foráneas.
El problema de esta propuesta, que también repite Bernabe, del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), es que en teoría esa imposición podría reducir drásticamente la capacidad de Puerto Rico de competir con las otras fuerzas en el área de la manufactura. También, este tributo implica que el gobierno dependerá en exceso de los ingresos que genere una industria dominada por pocas empresas grandes.
Solo por ilustrar el asunto, en el año fiscal 2015, cerca del 80% de los $1,942 millones que el gobierno recaudó por concepto de la Ley 154 (que impone el arbitrio de 4% a las foráneas) fue pagado por unas seis empresas.
“Cada vez que cambias las condiciones a los agentes económicos ellos reaccionan. Ellos no se quedan con el golpe dado. No es una relación estática, la economía tiene dinamismo y eso es lo que en la política a veces se olvida. Si cambian las formas en que se hacen las cosas, estas empresas cambian también”, dijo Alameda.
Sin varitas mágicas
Cidre, por su parte, concentra su propuesta de desarrollo económico en una filosofía de desarrollo del empresarismo local. No obstante, su promesa fiscal está en el área fiscal con un proyecto de reestructruación gubernamental que concentraría el poder de las alcaldías en gobiernos regionales, los cuales también asumirían labores que tradicionalmente se han delegado al gobierno central.
La lógica detrás de la propuesta es eliminar duplicidades en el gobierno de modo que se generen ahorros que estabilicen las arcas estatales y que hasta provean ahorros que puedan ser invertidos en proyectos de desarrollo económico.
La candidata independiente, Lúgaro, hasta ayer no había podido participar en las discusiones con la Mesa Editorial de El Nuevo Día. No obstante, según su plataforma publicada en su portal, promete también una serie de iniciativas para el desarrollo de las empresas locales, identificando áreas de oportunidad en la exportación de bienes y servicios, y fortaleciendo las áreas de investigación, innovación y desarrollo de tecnologías por el empresarismo criollo.
Tardará la recuperación
Fernós Sagebien destacó que ninguna de las propuestas de desarrollo económico tiene muchas posibilidades de rendir frutos a corto plazo. Afirmó que solo las movidas fiscales están dentro del marco de acción del gobierno para mejorar un poco la situación que atraviesa el País.
“Aquí no hay varita mágica que resuelva las cosas de un día para otro. Por eso los esfuerzos, en lo que se encuentra una fuente de ingresos estable y recurrente, lo único que podrán hacer es reducir el gasto público. En eso la reestructuración de la deuda tiene que ser prioridad”, dijo Fernós Sagebien.
En términos generales, cada uno de los candidatos promete una reorganización de la deuda. No obstante, en la discusión del asunto en detalle afloran diferencias.
Por ejemplo, Rosselló Nevares propone que se negocie un periodo de unos cinco años en los que Puerto Rico no tendrá que pagar el principal de la deuda. No defiende la idea de reducir el principal de la deuda pública.
Bernier Rivera, por su parte, sí quiere un recorte del principal pero “moderado” y con una serie de instrumentos que diferencien el inversionista tradicional, el local y el especulativo, como los llamados fondos de inversión buitre.
Los candidatos independientes, por parte, proclaman la necesidad de la deuda pública, aunque relegan un tanto el asunto en la Junta de Supervisión Fiscal, que por la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) tiene la potestad de encaminar estos procesos si es que el gobierno local no llega a acuerdos voluntarios.
Santiago y Bernabe, entretanto, no reconocen la validez de la Junta, por tratarse de una capa colonial que va en contra de los principios democráticos que deben regir un país. Ambos, sin embargo, abogan por una reestructuración de la deuda. Bernabe, en especial, reitera en cada oportunidad que tiene que auditar la deuda del gobierno y que aquellas obligaciones que hayan surgido de procesos ilegales, no las pagaría.
Fuente: El Nuevo Dia
